La Sindicatura de Comptes detecta 167 millones "pagados indebidamente" por Derechos Sociales

Ve "falta de seguimiento y control eficaces"

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya detecta "al menos 167,56 millones de importes pagados indebidamente" de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat a beneficiarios de distintas prestaciones sociales de 2016 a 2024, de los que 7,17 milllones pertenecen a expedientes prescritos y de los que se han reclamado 155,97 millones.

En el informe sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo del Departamento publicado este miércoles, la Sindicatura señala que se pagaron indebidamente 70,6 millones en prestaciones de dependencia; 43,78 en pensiones no contributivas y 36,15 en renta garantizada de ciudadanía, entre otras.

El informe se ciñe a las prestaciones de derecho subjetivo, y la Sindicatura ha achacado a la "falta de seguimiento y control eficaces" que haya casos que puedan incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos.

El tratamiento de los casos definidos como pagos indebidos representa "una carga administrativa importante" y dificulta la gestión ordinaria de la prestación, a la vez que comporta costes importantes también para las personas beneficiarias.

La Sindicatura entiende que no se ha fomentado una cultura de "regularidad y transparencia" en las actividades financiadas con fondos públicos, ni un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos.

Asimismo, según el documento, el conjunto de las prestaciones económicas de derecho subjetivo no cuenta con "un marco robusto" que se base en detectar necesidades y a partir del cual se recoja información útil para la toma de decisiones.

Según el informe, la definición de la población elegible en el marco de la evaluación de necesidades tiene carencias importantes que limitan el acceso a las prestaciones, y ve "excesivamente complejo" el mapa de prestaciones, apuntando que algunas podrían fusionarse sin que eso afecte a su intensidad protectora.

La Sindicatura ve "insuficiente" la cuantía para proteger ante la pobreza y presenta limitaciones para corregir tendencias crecientes en costes o diferencias territoriales, y estima que el volumen de recursos necesario para dar respuesta a la pobreza severa ronda el doble del actual.

Señala una falta de coherencia con las intervenciones en el territorio por parte de entidades locales, que conceden prestaciones dirigidas a dar respuesta a situaciones de emergencia, y apunta que la introducción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Catalunya no ha supuesto una reducción del número de titulares de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Además, los tiempos "dilatados" en la gestión de las prestaciones, la falta de mecanismos de seguimiento y control y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice que se protege el interés general limitan la efectividad de la intervención.

Las conclusiones del informe ponen de manifiesto debilidades que "comprometen" los ámbitos de la planificación estratégica, el establecimiento de los objetivos e indicadores vinculados a la intervención pública, el acceso a los datos, la cobertura poblacional y la coherencia entre prestaciones.

La Sindicatura observa que había "riesgo de conflicto de interés" en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a una serie de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para cuya actividad no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia.